El nuevo Estatuto fija desde los derechos de los enfermos crónicos a los de los inmigrantes
EL PAÍS - Sevilla - 19/02/2007
El Estatuto refrendado ayer en Andalucía tiene más del triple de artículos que el llamado Estatuto de Carmona, de 1981. Pasa de 75 a 250; 81 más que la propia Constitución. Regula numerosos aspectos que afectan a todos los ámbitos de la vida de los andaluces, desde la igualdad de género, la gratuidad de los libros de textos y las actuaciones para enfermos mentales o crónicos a la "plena dignidad en el proceso de la muerte".
El Estatuto también precisa los ámbitos de poder de la comunidad autónoma y del Gobierno central, al que le reconoce prevalencia en las leyes básicas del Estado y en los aspectos en los que no haya regulación autonómica.
El texto fija asimismo como principio básico para la relación con el resto de estamentos del Estado que la comunidad participe y sea oída en todas aquellas decisiones que le afecten. El texto prevé la participación de Andalucía en la designación de órganos estatales, tales como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otros, una vez que así lo diga una ley del Estado.
En el nuevo Estatuto figuran apartados muy novedosos, como los referidos al medio ambiente, las mujeres y a la inmigración. En este sentido, la nueva norma considera la protección de los recursos naturales como un derecho y un objetivo, así como la lucha contra la especulación urbanística. Se regula también la posibilidad de establecer medidas fiscales que corrijan los daños al entorno natural.
Un total de 15 artículos recogen aspectos para la igualdad política, laboral y social, así como las competencias "exclusivas" para poner en marcha políticas de discriminación positiva.
La inmigración sí supone un cambio sustancial respecto al texto de 1981. Hace 26 años se establecía como objetivo un desarrollo económico que permitiera el regreso de los emigrantes. Un cuarto de siglo después, la comunidad establece, entre sus objetivos, la integración de los inmigrantes (artículo 10.17) y la competencia para dar permisos de trabajo a extranjeros y para delimitar el contingente de inmigrantes.
Otros 15 artículos detallan el nuevo marco para los municipios, desde las transferencias de competencias a los ayuntamientos con la necesaria suficiencia financiera (artículo 93) a la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad a través de un fondo de nivelación de carácter incondicionado (artículo 192).
Una novedad es el Consejo de Justicia de Andalucía (artículo 144), un "órgano de gobierno" autonómico.
En el capítulo de Hacienda se fijan algo más que principios de financiación, que se abordará en órganos multilaterales, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y bilaterales, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos. En este último se negociará la "participación de Andalucía en la distribución territorial de los fondos estructurales europeos" y se estudiarán las inversiones del Estado en la comunidad.
En las disposiciones adicionales, se establece que, en los próximos siete años, la inversión estatal "será equivalente" al peso de la población sobre el conjunto del Estado (18%).
La definición que figura en el artículo 1 es el de nacionalidad histórica. En el preámbulo, sin efectos jurídicos, se alude a la realidad nacional de la comunidad.
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La firma del Rey y la publicación en el Boletín Oficial del Estado pondrán en vigor el Estatuto
El escrutinio general se culminará el viernes 23 con los votos remitidos por correo procedentes del extranjero
La firma del Rey Don Juan Carlos y la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pondrán en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, tras su aprobación en referéndum. Previamente, se culminará el escrutinio general con los votos remitidos por correo procedentes del extranjero, cuya última entrega se hará a las 8.00 del viernes 23 de febrero, fecha en la que terminará el escrutinio general.
La Ley no marca plazos para la firma del Rey y su publicación en el BOE, aunque el anterior texto, aprobado en referéndum el 20 de octubre de 1981 y conocido como Estatuto de Carmona, fue firmado por Juan Carlos I el 30 de diciembre del mismo año.
El referéndum ha cerrado un ciclo que se inició en junio de 2001, cuando el presidente de la Junta, Manuel Chaves, planteó por primera vez la posibilidad de reformar el texto vigente y lo ligó al proyecto de la Segunda Modernización de Andalucía.
Los trabajos comenzaron en septiembre de 2004, cuando se constituyó la ponencia parlamentaria para la reforma en el seno de la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento de Andalucía, órgano que concluyó su labor el 20 de abril de 2006 y remitió su propuesta al pleno de la Cámara, que la aprobó el 2 de mayo. Desde la toma en consideración del proyecto del Estatuto por el Congreso transcurrieron ocho meses hasta su aprobación definitiva, sin ningún voto en contra, el 20 de diciembre de 2006 por las Cortes Generales.
El nuevo Estatuto contiene 250 artículos frente a los 75 que posee el de Carmona y, entre otras novedades, incluye una cláusula que garantiza un porcentaje de inversiones del Estado equiparable a lo que representa la población andaluza (casi un 18%).
También recoge una referencia en el preámbulo a la "realidad nacional" de Andalucía y la definición de la comunidad autónoma como "nacionalidad histórica" en el artículo 1, así como numerosas alusiones a la "unidad indisoluble de España" y a la Constitución. Asimismo, establece un mandato -con plazos concretos- para cuantificar y liquidar la deuda histórica.
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