Atención, pregunta: ¿qué pecado habían cometido Fernando Trapero y Raúl Centeno, asesinados por ETA en el sur de Francia, para no merecer que la Asociación de Víctimas del Terrorismo se sumara a la concentración unitaria de condena convocada el martes pasado en Madrid?
Tenían 23 y 24 años, respectivamente, y eran guardias civiles.
¿Qué les diferenciaba de Ángel Alcaraz, fallecido el 11 de diciembre de 1987, a los 17 años, en el atentado con coche bomba contra una casa-cuartel de Zaragoza, donde murieron otras diez personas, entre ellas dos niñas de tres años sobrinas de Ángel? Pues sí que hay una diferencia entre ambos crímenes: en 1987, Francisco José Alcaraz Martos, hermano mayor de Ángel y tío de las dos niñas asesinadas, no se dedicaba a hacer política.
No es que hicieran falta nuevas pruebas para concluir que Francisco José Alcaraz se había situado justo en el polo opuesto al sentido común, a la prudencia o a la templanza. Pero en los últimos días parece haber decidido adornar todas sus “virtudes” con el broche de la prepotencia. Tenía que explicar de algún modo el hecho insólito de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la que es presidente, decidiera no acudir a la primera concentración unitaria que se convocaba desde 2003 para condenar unos asesinatos cometidos por ETA. Y lo explicó: “Por coherencia, no podemos estar al lado de grupos políticos que han estado más cerca de los terroristas que de las víctimas”. Es decir, a este señor le parece “coherente” haber encabezado junto a la plana mayor del Partido Popular ocho manifestaciones contra la política antiterrorista en la legislatura en la que menor número de víctimas y mayor número de detenciones de etarras se han producido y quedarse en casa el martes pasado, cuando hasta el PP no tuvo más remedio que hacerse la foto del consenso tras los disparos en la nuca que acabaron con las vidas de los dos guardias civiles. Ha sido la propia cúpula del PP la primera en probar la medicina de la prepotencia de Alcaraz, aparentemente convencido de que era él quien marcaba la estrategia antiterrorista al partido de Mariano Rajoy, y no al revés.
Porque la verdad es que ya no se molesta en disimularlo. Francisco José Alcaraz ha abrazado con tanta fe la actividad política como en su día abrazó la de los Testigos de Jehová o la de la Iglesia Evangélica. A lo cual, por cierto, tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano. Otra cuestión es si la presidencia de una asociación de víctimas del terrorismo es la plataforma adecuada para dedicarse a la política. Alguna voz en la conciencia de Alcaraz le preguntará algún día por su responsabilidad en la división entre las víctimas del terrorismo y en la galopante crispación a la que ha sido sometida la sociedad española desde el 14 de marzo de 2004.
Los argumentos
Pocas fechas antes del último atentado, Alcaraz hizo gala de esa misma prepotencia (coherencia, pensará él). Comparecía en la Audiencia Nacional como imputado por calumnias e injurias al presidente del Gobierno, tras una querella interpuesta por una asociación de abogados. Se ratificó sin titubeos en lo que Mikel Buesa, que también perdió a un hermano a manos de ETA, califica como “argumentos políticos”. Sostiene Alcaraz, por ejemplo, que “Zapatero es el máximo embajador de ETA”; o que “hay pruebas más que suficientes de su connivencia con los asesinos”. No repitió, aunque jamás ha rectificado, otras declaraciones suyas en las que mantenía que “la negociación de Zapatero con ETA requería un atentado como el del 11-M”; o que el presidente “quiere traficar con la sangre de las víctimas”. Todos estos “argumentos políticos” puestos en la boca o en la pluma de cualquier ciudadano común, periodista o no, se definen jurídicamente como calumnias o injurias cuando no van respaldados por pruebas de ningún tipo. La estrategia permanente de la dirección actual de la AVT y de sus “autores intelectuales” mediáticos (por algo en el propio PP los llaman “los federicos”) consiste en definir a cualquiera que los critique como “cómplices de los terroristas” o simples “voceros serviles del Gobierno socialista”, cuando no de “ingenuos” o “idiotas”, para resumir.
Ya va siendo hora de poner negro sobre blanco algunas verdades comprobables sobre los “argumentos” del señor Alcaraz. 1: No tiene derecho a hablar en nombre de “las víctimas”. La viuda de Fernando Buesa no piensa, ni mucho menos, lo mismo que su cuñado sobre los intentos de cualquier Gobierno de acabar con el terrorismo. Ni tampoco la hija de Ernest Lluch. Ni tantas otras víctimas. 2: No tiene derecho a hablar en nombre de los muertos, ni mucho menos a utilizar el dolor de sus familias para hacer política partidista. 3: No tiene derecho a mentir, calumniar o injuriar como si su estatus de presidente de una asociación de víctimas le otorgara inmunidad. 4: No tiene derecho a fomentar y extender su “zetafobia” en la sociedad española, absolutamente solidaria con las víctimas del terrorismo.
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