El problema no es que se informe o no a los padres, lo que la derecha no reconoce es la capacidad de la mujer, entre 16 y 17 años, para tomar una decisión de ese cariz. Ahora, en vista de que tanto el Consejo de Estado , el informe alternativo del Consejo Fiscal y el propio Comité de Bioética han dado la razón al proyecto de ley en el sentido que debe primar la decisión de la mujer, la derecha incide más en que los padres deben ser informados.
Lo que estamos defendiendo, primero es la postura de las conclusiones de la subcomisión del Congreso, el informe de las personas expertas que han intervenido y la coherencia con la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, en la que se viene a reconocer la capacidad y el derecho a decidir de toda mujer y hombre a partir de los 16 años. Sólo quedaron excluidas tres excepciones: la reproducción asistida, la interrupción voluntaria del embarazo y los ensayos clínicos con células madre. Las tres, por cierto, cargadas con una carga bastante de moral.
Así pues, más que nunca, se debe garantizar el derecho a esa autonomía de la mujer. Hay que recordar que los diferentes Tratados y Conferencias internacionales sobre los menores, vienen reconociendo que la autonomía del menor se debe garantizar cada vez más, de forma más contundente, a medida que implica decisiones serias para el futuro de su vida, como puede ser un embarazo. Por ello, lo lógico, lo coherente es darle capacidad de decisión. Algo que ha venido claramente justificado por el Consejo de Estado y el Comité de Bioética.
Lo que tiene que garantizar el Estado es que se ejerzan los derechos y las condiciones seguras de estas mujeres entre 16 y 17 años. El Estado no puede regular la confianza que debe haber entre los padres y sus hijas, eso es algo que queda en el ámbito familiar.
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